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CHARLOTTE, Carolina del Norte - Más de 50 mil hispanos en Carolina del Norte no podrán renovar sus licencias de conducir en 2009 y podrían enfrentarse a la deportación debido a los ocho programas de identificación de indocumentados vigentes en este estado.

 

Desde el 1 de enero de 2002 hasta el 28 de agosto de 2006, en Carolina del Norte se permitió el uso del número de identificación tributaria (ITIN o W-7) para que los residentes que carecían del seguro social pudieran tramitar la licencia de conducir.

 

Por presiones políticas de grupos antiinmigrantes que denunciaban que “ilegales” de otros estados viajaban a Carolina del Norte para sacarse una licencia de manera “fraudulenta”, el Legislativo estatal aprobó una ley restrictiva en julio de 2006.

 

La legislación impide a una persona sin estatus legal en este país tener un permiso de manejo o tarjeta de identificación (ID) oficial de este estado.

 


 

Ilegales podrán reclamar beneficios para hijos

Steve Meissner, director de comunicaciones del Departamento de Seguridad Pública de Arizona (DES), dijo que esta agencia aplicará todas las especificaciones de la nueva ley estatal HB2008, la cual entró en vigor el pasado 24 de noviembre.

 
Arizona, Estados Unidos
 

Los inmigrantes indocumentados que soliciten beneficios públicos para sus hijos ciudadanos estadounidenses no correrán el riesgo de ser reportados ante Inmigración bajo una nueva ley estatal en Arizona, se informó hoy.

 

Steve Meissner, director de comunicaciones del Departamento de Seguridad Pública de Arizona (DES), dijo a Efe que esta agencia aplicará todas las especificaciones de la nueva ley estatal HB2008, la cual entró en vigor el pasado 24 de noviembre.

 

Manifestó que la nueva regulación obliga a los trabajadores sociales reportar ante la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) a aquellas personas que no cuentan con un estatus legal en el país y solicitan beneficios para ellos mismos.

 

Aclaró que personas como una madre que reclama beneficios como cuidado médico o estampillas de comida para su hijo o hijos nacidos en los Estados Unidos: "no existirá evidencia" de una violación a las leyes migratorias, por lo no será reportada.

 

Ante la confusión que ha causado esta ley, aprobada por el Legislativo estatal en julio pasado, activistas y representantes de diversas organizaciones en Arizona han aconsejando a la comunidad no responder ninguna pregunta sobre su estatus migratorio ni tampoco firmar documentos al respecto al momento de acudir a solicitar beneficios para sus hijos.

 

Los trabajadores del estado que no reporten estas violaciones de inmigración podrían enfrentar hasta cuatro meses de prisión o una multa de 750 dólares.

 

Por su parte la Liga de Ciudades y Pueblos de Arizona informó que la próxima semana planea presentar una demanda en contra de la aplicación de la nueva ley.